Hasta hace pocos años, la internacionalización dentro de la Unión Europea, especialmente en operaciones B2C (Business to Consumer), obligaba a las empresas a controlar distintos umbrales de facturación en cada país y, una vez superados, registrarse fiscalmente en cada jurisdicción donde realizaban ventas. El coste administrativo y operativo de este modelo era considerable, especialmente para startups, pymes y negocios digitales.
