(135) Blanqueo de capitales: por qué su asesor está obligado a delatarle (y a no decírselo)

Una guía para entender qué es el blanqueo, cómo se persigue en España, hacia dónde va Europa y, sobre todo, dónde termina la relación de confianza entre un cliente y su asesor financiero.

El blanqueo de capitales ha dejado de ser un concepto reservado a la crónica de sucesos para convertirse en una de las principales preocupaciones en las agendas de los consejos de administración. En el dinámico ecosistema empresarial actual, donde conviven startups inmersas en constantes rondas de financiación, family offices gestionando amplios patrimonios, complejas estructuras holding y filiales de corporaciones internacionales, comprender y prevenir el lavado de dinero es un imperativo ineludible.

Pero este artículo tiene un segundo propósito, más personal y más incómodo. Quiero explicar, con la mayor claridad de la que soy capaz, qué ocurre exactamente cuando un cliente se sienta frente a un asesor financiero y plantea, aunque sea de forma tangencial, una operación cuyo origen no resiste una pregunta. Y quiero explicarlo antes de que esa conversación se produzca, porque su final está escrito en la ley y no es el que ese cliente imagina.

Qué es exactamente el blanqueo (y qué no lo es)

En esencia, es el conjunto de mecanismos diseñados para introducir en el circuito económico legal los bienes o el dinero procedentes de actividades delictivas. El objetivo del blanqueador es dotar a esos fondos de una apariencia de legitimidad, borrando el rastro de su origen.

Conviene despejar desde el principio una confusión frecuente. El blanqueo y la financiación del terrorismo viajan siempre juntos en la normativa —la sigla PBC/FT los une— pero son fenómenos inversos: el blanqueo es dinero sucio que quiere parecer limpio; la financiación del terrorismo es, muchas veces, dinero perfectamente limpio con un destino sucio. De ahí que los controles sean parecidos y las lógicas, opuestas.

También conviene aclarar que el blanqueo no es un delito autónomo en el vacío: exige un delito previo. No hay blanqueo sin una actividad delictiva de la que procedan los bienes. Esto, que suena a tecnicismo, es en realidad el punto donde se ganan y se pierden los procedimientos, como veremos.

La mecánica: un circuito en tres fases

Este proceso rara vez se ejecuta en un solo movimiento. La doctrina y los organismos internacionales coinciden en describirlo en tres fases consecutivas:

Colocación. La fase de mayor vulnerabilidad para el delincuente: introducir los fondos de origen ilícito, habitualmente en efectivo, en el sistema financiero formal.

Ocultación o estratificación. Aquí entra en juego la ingeniería financiera. Mediante transferencias internacionales, sociedades pantalla, jurisdicciones opacas o la compraventa sucesiva de activos, se crea una maraña de transacciones cuyo único fin es romper la trazabilidad del dinero.

Integración. Los fondos, ya desprovistos de su estigma criminal, retornan a la economía formal: inmuebles, obras de arte, inyecciones de capital en empresas de apariencia intachable.

Un matiz importante que el esquema clásico ya no captura bien: las tres fases se solapan. En un entorno de criptoactivos, pasarelas de pago instantáneo y comercio digital transfronterizo, la colocación, la estratificación y la integración pueden ocurrir en la misma tarde. El manual de 1990 sigue siendo útil para explicar la lógica; ya no describe bien el ritmo.

Esto va con usted, aunque no lo parezca

Antes de entrar en directivas y artículos, tres puntos de contacto entre esta normativa y la vida ordinaria:

El límite de 1.000 euros en efectivo. En España, desde la Ley 11/2021, no pueden pagarse en efectivo operaciones iguales o superiores a 1.000 euros cuando alguna de las partes actúa como empresario o profesional (el umbral es de 10.000 euros para pagos de particulares no residentes). No es una recomendación: es una prohibición con sanción. Y la Unión Europea generalizará un tope de 10.000 euros en efectivo cuando entre en aplicación su nuevo Reglamento.

Las mulas bancarias. El blanqueo no es solo Marbella y cuentas suizas. Es también un chaval de veintidós años reclutado por Telegram al que ofrecen doscientos euros por recibir una transferencia en su cuenta y reenviarla. Ese chaval no se ve a sí mismo como blanqueador. El Código Penal, en cambio, puede verlo perfectamente así.

Por qué su banco le hace preguntas incómodas. Todo el sistema se articula sobre un enfoque basado en riesgo: la ley no exige tratar a todos los clientes igual, sino graduar la vigilancia según el riesgo de cada uno. De ahí que a unos les pregunten el origen de los fondos y a otros no; que un mismo importe dispare alertas en un perfil y no en otro. No es arbitrariedad: es, precisamente, lo que la norma ordena.

Quién dicta las reglas: del GAFI a Fráncfort

Los estándares emanan del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), organismo intergubernamental fundado en 1989 que dicta las recomendaciones globales. En Europa esas directrices han cristalizado históricamente en dos ramas paralelas que conviene no confundir:

• La rama preventiva: la Directiva (UE) 2015/849, modificada por la Directiva (UE) 2018/843, de la que cuelga nuestra ley nacional.
• La rama penal: la Directiva (UE) 2018/1673, que armoniza las definiciones del delito y las penas mínimas en toda la Unión.

Y aquí llega la novedad que cualquier lectura de este tema debe incorporar hoy: el marco europeo está siendo demolido y reconstruido. El «Paquete AML», publicado el 19 de junio de 2024, se articula en tres piezas:

• Reglamento (UE) 2024/1624 (AMLR): un single rulebook de aplicación directa —sin transposición— desde el 10 de julio de 2027. Amplía los sujetos obligados a la mayor parte del sector de los criptoactivos, a los comerciantes de artículos de lujo y a los clubes y agentes de fútbol, y fija un límite de 10.000 euros a los pagos en efectivo.
• Directiva (UE) 2024/1640 (la verdadera «Sexta Directiva»): deroga la Directiva 2015/849 con efectos de 10 de julio de 2027, fecha límite también para su transposición. Regula registros de titularidad real, supervisión nacional, unidades de inteligencia financiera y sanciones administrativas.
• Reglamento (UE) 2024/1620: crea AMLA, la Autoridad Europea de Lucha contra el Blanqueo, con sede en Fráncfort del Meno, que supervisará directamente a las entidades transfronterizas de mayor riesgo.

Traducido: la ley española que hoy nos rige tiene fecha de caducidad conocida. Quien esté diseñando hoy su modelo de cumplimiento debería estar mirando ya a 2027.

El marco español: prevenir y castigar

En nuestro país la lucha se asienta sobre dos pilares complementarios.

El pilar preventivo-administrativo es la Ley 10/2010, de 28 de abril, desarrollada por el Real Decreto 304/2014. Su artículo 2 define quiénes son los sujetos obligados, y la lista va mucho más allá de las entidades financieras: auditores, contables externos, asesores fiscales, promotores inmobiliarios, notarios, abogados, proveedores de servicios a sociedades, comerciantes de bienes de alto valor.

Para ellos, el cumplimiento pivota sobre unos preceptos esenciales:

• Identificación formal (art. 3) e identificación del titular real (art. 4): la persona física que en último término posee o controla más del 25 % del capital o de los derechos de voto de una persona jurídica. Detrás de cada sociedad hay siempre una persona de carne y hueso: encontrarla es la obligación.
• Examen especial (art. 17): examinar con atención reforzada cualquier hecho u operación que carezca de justificación económica o lícita aparente.
• Comunicación por indicio (art. 18): comunicar de forma inmediata al SEPBLAC.
• Abstención de ejecución (art. 19): no ejecutar la operación sospechosa.
• Prohibición de revelación (art. 24): no decírselo al cliente. Sobre esto volveré enseguida.
• Conservación de documentos (art. 25): diez años.
• Control interno (art. 26), órgano de control interno y representante ante el SEPBLAC (art. 26 ter), examen externo por experto independiente (art. 28) y formación de empleados (art. 29).

El pilar punitivo-penal es el artículo 301 del Código Penal, que castiga a quien adquiera, convierta o transmita bienes sabiendo que tienen su origen en una actividad delictiva, y también a quien oculte ese origen. Con tres extensiones que casi nadie conoce y que deberían conocerse:

• El autoblanqueo: desde 2010 el tipo alcanza expresamente los bienes procedentes de una actividad delictiva cometida «por él o por cualquiera tercera persona». Blanquear el producto del propio delito es delito distinto y añadido.
• El blanqueo por imprudencia grave: España castiga penalmente el blanqueo imprudente. No hace falta querer blanquear. Basta con mirar hacia otro lado cuando la diligencia exigible obligaba a mirar de frente.
• La responsabilidad penal de las personas jurídicas (art. 31 bis): una empresa que facilite o no prevenga el blanqueo puede enfrentarse a multas, clausura de locales, suspensión de actividades o, en el extremo, disolución judicial.

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El corazón del asunto: su asesor está obligado a delatarle

Llegamos al punto por el que escribo esto.

Existe una creencia, extendida y falsa, de que la relación con un asesor financiero o fiscal funciona como un confesionario: que lo que se cuenta en el despacho se queda en el despacho, y que el asesor, en el peor de los casos, se limitará a declinar el encargo y despedirse con un apretón de manos. Eso no es así, y la distancia entre lo que se cree y lo que la ley ordena es donde la gente se arruina.

Esto es lo que realmente ocurre:

1. El asesor no elige. El deber de comunicación no es una facultad ni una opción ética personal: es una obligación legal. Incumplirla no es una descortesía profesional, es una infracción administrativa —de las más graves del catálogo— y, según el caso, un delito.

2. Basta el indicio, no hace falta la certeza. El artículo 17 obliga a examinar con especial atención toda operación sin justificación económica o lícita aparente; el 18 obliga a comunicar al SEPBLAC cuando exista indicio o certeza. La palabra clave es indicio. No se exige prueba, ni investigación, ni convicción. Se exige sospecha razonable. El umbral está mucho más bajo de lo que la mayoría de la gente imagina.

3. La mera tentativa también se comunica. La obligación no espera a que la operación se ejecute. Una operación planteada y no realizada es igualmente comunicable. Es decir: la conversación exploratoria ya está dentro del perímetro. No hay una zona de «vamos a ver qué se podría hacer» que quede fuera.

4. Y no se lo van a decir. El artículo 24 establece la prohibición de revelación: el sujeto obligado tiene prohibido comunicar al cliente —o a terceros— que se ha remitido información al SEPBLAC o que una operación está siendo examinada. Esto merece leerse dos veces. Significa que el asesor puede estar legalmente obligado a informar sobre usted y, simultáneamente, obligado a no decírselo. La reunión terminará con normalidad. La llamada de vuelta puede no llegar nunca. Y lo que ocurra después, ocurrirá sin que usted lo sepa.

5. El procedimiento, paso a paso. Conviene desmitificarlo, porque no tiene nada de cinematográfico:

• La alerta surge —de un empleado, de un sistema de monitorización, o simplemente del criterio profesional de quien está en la sala.
• Se activa el examen especial (art. 17): se documenta la operación, se recaba justificación del origen de los fondos y de la lógica económica, y se deja constancia escrita del análisis.
• Si el examen no disipa la sospecha, el expediente escala al órgano de control interno y al representante ante el SEPBLAC (art. 26 ter), que es la persona designada como interlocutor con la autoridad.
• Se remite la comunicación por indicio al SEPBLAC, la Unidad de Inteligencia Financiera española, órgano de apoyo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias.
• En paralelo, se abstiene de ejecutar la operación (art. 19), salvo en los supuestos tasados en que la abstención resulte imposible o pueda dificultar la investigación.
• Se conserva toda la documentación diez años (art. 25).
• Y no se le dice nada al cliente (art. 24).

6. El asesor está protegido; el cliente, no. El artículo 23 exime de responsabilidad a quien comunica de buena fe. Es decir: la ley no solo obliga a comunicar, sino que blinda a quien lo hace. El cálculo, para el profesional, no admite mucha discusión.

7. El secreto profesional no es lo que usted cree. El artículo 22 excluye a los abogados de determinadas obligaciones —entre ellas la del artículo 18— respecto de la información obtenida al determinar la posición jurídica de su cliente o al ejercer su defensa en un proceso o en relación con él. Nótese lo estrecha que es esa puerta: es una excepción para el abogado en función de defensa, no un salvoconducto general para todo profesional que asesore. Un asesor fiscal o financiero que planifica una operación no está defendiendo a nadie en un proceso: está dentro de la obligación, sin matices.

8. Y la factura personal puede ser altísima. Además de las multas, el Código Penal contempla la inhabilitación especial para el ejercicio de la profesión cuando el blanqueo se comete por determinados profesionales, entre ellos los intermediarios del sector financiero. Un asesor que acompaña a un cliente en esto no arriesga una sanción: arriesga su carrera entera.

Lo escribo con toda la deliberación de la que soy capaz: si usted necesita asesoramiento sobre cómo dar apariencia lícita a fondos cuyo origen no soporta una pregunta, no busque un asesor financiero. Busque un abogado penalista, que es exactamente para lo que existe la profesión, y hágalo cuanto antes. Un asesor no puede ayudarle. Lo que puede hacer —lo que está obligado a hacer— es lo contrario de ayudarle. Y le ahorro el trámite: la respuesta es no, y el no llega acompañado de un formulario.

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Qué pasa cuando el sistema falla: sanciones

El régimen sancionador administrativo es severo. La Ley 10/2010 clasifica las infracciones en muy graves, graves y leves (arts. 51 a 53) y establece las sanciones en los artículos 56 a 58. Y su arquitectura no es un rango, como suele contarse mal, sino un mínimo y un máximo que es la mayor de varias magnitudes:

• Infracciones muy graves (art. 56) —por ejemplo, incumplir el deber de comunicación por indicio cuando un empleado había advertido internamente la sospecha, o vulnerar la prohibición de revelación—: multa de mínimo 150.000 euros, y máximo la mayor de estas cifras: el 10 % del volumen de negocios anual total, el duplo del contenido económico de la operación, el quíntuplo de los beneficios derivados de la infracción, o 10.000.000 de euros. Se acompaña de amonestación pública y, en entidades autorizadas, de suspensión o revocación de la autorización. A los administradores responsables: multas de entre 60.000 y 10.000.000 de euros y separación del cargo con inhabilitación de hasta diez años.
• Infracciones graves (art. 57): máximo la mayor de: el 10 % del volumen de negocios, el contenido económico de la operación incrementado en un 50 %, el triple de los beneficios, o 5.000.000 de euros. A los administradores y al experto externo responsables: hasta 5.000.000 de euros e inhabilitación de hasta cinco años.

Nótese ese último detalle: el experto externo que firma el examen del artículo 28 responde personalmente. En este sistema no hay espectadores.

En la esfera penal, el artículo 301 prevé para las personas físicas penas de prisión de seis meses a seis años y multa del tanto al triplo del valor de los bienes, con las agravaciones previstas para los supuestos de organización y para determinados delitos previos.

Lecciones de la realidad: los casos que conviene mirar

TD Bank (2024): el caso que lo cambia todo. En octubre de 2024, el décimo banco de Estados Unidos se declaró culpable de conspiración para cometer blanqueo de capitales —el primer banco de la historia en hacerlo— y aceptó pagar aproximadamente 3.090 millones de dólares, la mayor sanción jamás impuesta bajo la Bank Secrecy Act. La entidad no actualizó sustancialmente su sistema de monitorización de transacciones entre 2014 y 2022 y dejó sin vigilar unos 18,3 billones de dólares en movimientos de clientes; a través de sus cuentas se blanquearon unos 671 millones, en ocasiones con la colaboración de empleados del propio banco. El fiscal general resumió el caso jugando con el eslogan comercial de la entidad —»el banco más cómodo de América»—: al hacer sus servicios cómodos para los criminales, TD se convirtió en uno de ellos.

Pero lo verdaderamente instructivo no fue la multa. Fue el tope de activos de 434.000 millones de dólares impuesto por el supervisor a su banca minorista estadounidense hasta que remedie sus deficiencias. Una multa se paga y se olvida. Un tope de crecimiento reescribe la estrategia de la compañía durante años. Es la demostración más nítida de que el incumplimiento en esta materia ha dejado de ser un coste y ha pasado a ser un límite estructural al negocio.

Danske Bank: el fallo sistémico. Entre 2007 y 2015, aproximadamente 200.000 millones de euros de origen sospechoso —principalmente de Rusia y antiguas repúblicas soviéticas— fluyeron a través de la pequeña sucursal del banco danés en Estonia. Un fallo absoluto de control interno y diligencia debida, con alertas flagrantes ignoradas, que acabó en dimisiones de la cúpula, desplome bursátil y una resolución posterior con las autoridades estadounidenses.

Banco Madrid (2015): el riesgo reputacional en estado puro. Tras una alerta del FinCEN estadounidense sobre su matriz andorrana (BPA), el SEPBLAC y el Banco de España intervinieron la filial española por gravísimas deficiencias en sus medidas de diligencia debida. El banco no murió por una condena penal: murió por la fuga instantánea de clientes. La sanción llegó antes que la sentencia, y la dictó el mercado.

Gürtel: la estructura profesionalizada. El paradigma español de la imbricación entre corrupción política y lavado de dinero: una red de empresas pantalla, jurisdicciones opacas y cuentas suizas construida para ocultar el origen de comisiones ilegales procedentes de adjudicaciones públicas. Los tribunales acreditaron una estructura permanente y profesionalizada orientada a dar apariencia lícita a millones de euros.

Nóos: el contraejemplo que más enseña. El caso Nóos se recuerda popularmente como un caso de blanqueo. No lo es. La acusación incluyó ese delito, pero el Tribunal Supremo absolvió del blanqueo de capitales —en la sentencia de junio de 2018— por no aparecer claramente establecida la vinculación de los fondos movilizados con la cuota tributaria defraudada. Las condenas firmes lo fueron por prevaricación, malversación, tráfico de influencias, fraude a la Administración y delitos fiscales, no por lavado.

La lección es la más valiosa de todas: el blanqueo exige acreditar un vínculo concreto entre los bienes y un delito previo determinado. Ahí se rompen muchas acusaciones. Y ahí está también la razón por la que quien pretende blanquear suele fracasar antes en su propio razonamiento que ante un tribunal: cree que el problema es esconder el dinero, cuando el problema es que el dinero tiene una biografía.

(Como nota de color histórico, el caso HSBC de 2012 —multa récord de 1.900 millones de dólares por permitir que los cárteles mexicanos y colombianos blanquearan al menos 881 millones— dejó una imagen difícil de superar: los delincuentes llegaron a diseñar cajas con las dimensiones exactas de las ventanillas de las sucursales del banco en México para depositar cientos de miles de dólares en efectivo a diario. La colocación, en su versión más burda.)

Reflexión final

Que las mismas conductas se repitan durante décadas, con nombres distintos, sugiere que el problema no es normativo. La ley es clara, las sanciones implacables y el mercado, como enseña Banco Madrid, no perdona el riesgo reputacional. Lo que falla es siempre lo mismo: alguien, en algún despacho, decidió que era más cómodo no preguntar.

Para el tejido corporativo, implementar una cultura de compliance robusta dejó de ser hace mucho tiempo un coste añadido para convertirse en la garantía de supervivencia de la empresa. Y para quienes ejercemos como asesores, conviene decirlo sin ambigüedad y en voz alta: en esta materia no somos abogados defensores, ni confesores, ni cómplices por omisión. Somos sujetos obligados. Nuestra lealtad al cliente termina exactamente donde empieza el artículo 18.

Es mejor que eso se sepa antes de la primera reunión que después.